El Gobierno promulgó la nueva Ley de Glaciares y crece la polémica
El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más relevantes del país, y abrió un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales.
La nueva normativa introduce modificaciones centrales en el esquema de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, zonas consideradas estratégicas por su rol en la reserva de agua dulce.
Uno de los cambios más significativos es que se abandona el sistema de prohibiciones generales para pasar a un modelo de evaluación caso por caso. A partir de ahora, las actividades productivas —incluidas las mineras— podrán analizarse según su impacto ambiental específico en cada área.
Además, la protección deja de aplicarse automáticamente sobre todas las zonas periglaciares. En cambio, se concentrará en aquellos cuerpos de hielo o geoformas que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, lo que reduce el alcance de las áreas protegidas.
Otro punto clave es el mayor protagonismo de las provincias. La reforma les otorga más margen para definir qué zonas deben preservarse y en cuáles podrían habilitarse actividades económicas, lo que implica una descentralización en la toma de decisiones ambientales.
En la práctica, esto podría abrir la puerta a proyectos mineros o energéticos en territorios que antes estaban vedados por la legislación vigente, siempre que se demuestre que no afectan de manera significativa la función hídrica de la zona.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo con el argumento de fomentar inversiones y potenciar sectores como el litio y el cobre. Sin embargo, generó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, especialistas y sectores de la oposición, que advierten sobre un posible retroceso en la protección del agua y los ecosistemas de montaña.
La Ley de Glaciares original establecía restricciones estrictas a actividades que pudieran afectar estos ambientes, incluyendo la minería y la explotación hidrocarburífera, con el objetivo de preservar reservas estratégicas de agua.
Con la reforma ya vigente, el foco ahora estará puesto en su implementación y en cómo cada provincia aplicará los nuevos criterios, un aspecto que será clave para determinar el impacto real de los cambios sobre el ambiente y la actividad productiva en el país.
