El Gobierno acelera la privatización de AySA y licitará el 90% de sus acciones
El Gobierno nacional dio un paso fundamental en su agenda de reformas estructurales y de reducción del gasto público al anunciar formalmente el inicio del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que en las próximas horas se publicarán los pliegos de bases y condiciones para llevar a cabo una licitación pública nacional e internacional de alto impacto regulatorio.
El plan oficial diseñado por el Palacio de Hacienda contempla la venta del 90% de las acciones de la compañía proveedora de agua potable y servicios de cloacas, las cuales pertenecen actualmente de forma directa al Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo la órbita de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), buscando así garantizar la continuidad y estabilidad laboral del personal operativo.
Esta drástica decisión se enmarca dentro de las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la herramienta legislativa sancionada por el Congreso de la Nación que declaró a la firma de saneamiento sujeta a privatización junto con otro conjunto de empresas públicas estratégicas. Desde el entorno del Ministerio de Economía señalaron que el principal objetivo de esta medida es eficientizar de manera urgente el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atraer inversiones millonarias de capital privado que permitan modernizar la infraestructura obsoleta y, fundamentalmente, eliminar el crónico déficit operativo y de caja que la compañía representaba para las arcas públicas del Estado, el cual venía siendo cubierto mediante millonarios subsidios del Tesoro Nacional.
A partir de la inminente publicación de los pliegos de bases y condiciones en el Boletín Oficial, se abrirá un riguroso cronograma normativo para que los consorcios, operadores del sector y fondos de inversión interesados, tanto locales como internacionales, puedan adquirir los derechos de participación y comenzar a diagramar sus propuestas técnicas y económicas. Las autoridades gubernamentales hicieron especial hincapié en que todo el proceso licitatorio se llevará a cabo bajo estrictos estándares de transparencia internacional y auditorías externas para garantizar la libre competencia entre los oferentes y evitar impugnaciones legales.
Con este movimiento regulatorio, el Poder Ejecutivo busca concretar una de las transferencias de activos estatales más complejas e importantes de la gestión actual, marcando un hito en el rediseño del mapa de los servicios públicos en el país y sentando un precedente clave para el resto de las compañías públicas que se encuentran en la lista de espera para ser privatizadas en los próximos meses.
