La auditoría a la AFA arrancó con polémica: los veedores no pudieron entrar
Los veedores enviados por el Ministerio de Justicia para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no pudieron ingresar este miércoles a la sede de la calle Viamonte y terminaron dejando un cuestionario debajo de la puerta. La medida forma parte de la intervención administrativa impulsada por el Gobierno nacional para revisar balances y documentación contable del organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La visita estaba prevista para las 13 y tenía como objetivo iniciar formalmente la fiscalización por 180 días ordenada tras una denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según el organismo, la AFA no habría presentado en tiempo y forma documentación vinculada a sus estados contables y existirían inconsistencias por unos 450 millones de dólares en los balances de los últimos años.
Al llegar a la sede central, los técnicos designados por el Ministerio encontraron las puertas cerradas y un cartel que indicaba dirigirse a otro domicilio ubicado en Pilar. Desde el Gobierno interpretan esa mudanza como un intento de evitar el control de la IGJ, ya que el organismo tiene competencia sobre entidades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esa situación, los veedores dejaron un documento de cuatro páginas con pedidos de información relacionados con balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la entidad. Luego se trasladaron a la sede de la Superliga, también alcanzada por la medida oficial.
La auditoría fue impulsada por el Ministerio de Justicia luego de un pedido de la IGJ y tendrá una duración inicial de seis meses. Los especialistas designados deberán elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico de la AFA.
Entre los puntos bajo investigación aparecen operaciones vinculadas con empresas como TourProdEnter y Sur Finanzas, además de la creación de una universidad dependiente de la AFA que, según la denuncia oficial, nunca habría sido registrada formalmente.
Desde el entorno de Tapia rechazan las acusaciones y sostienen que la intervención representa un avance político sobre la conducción del fútbol argentino. En paralelo, la AFA presentó apelaciones judiciales para frenar la veeduría impulsada por el Gobierno nacional.
